Supuesta Filtración masiva de datos en República Dominicana: lo que se sabe del caso Claro y la Policía Nacional

Miles de dominicanos podrían tener hoy su cédula, su número de teléfono o hasta el relato de una denuncia que hicieron circulando en internet sin saberlo.

Miles de dominicanos podrían tener hoy su cédula, su número de teléfono o hasta el relato de una denuncia que hicieron circulando en internet sin saberlo. Un mismo actor de amenazas, identificado como "jarol1488", habría comprometido dos infraestructuras críticas del país: una base de datos atribuida a Claro con cerca de 2.9 millones de registros de clientes, y una plataforma del sector de seguridad pública con más de 3.2 millones de expedientes de denuncias y 2 millones de fotografías de documentos de identidad. Mientras Claro y las autoridades guardan silencio, el equipo de JotaLab —un grupo de dominicanos que decidió no quedarse de brazos cruzados ante la seguridad digital del país— investigó de forma independiente la magnitud del segundo incidente y habilitó una vía para que cada ciudadano pueda revisar, de manera segura, si sus datos están entre los expuestos.

En los primeros días de septiembre de 2026 comenzaron a circular en foros de la dark web, y luego en grupos de Facebook, canales de Telegram y cadenas de WhatsApp, publicaciones que afirman contener bases de datos robadas a dos entidades que manejan información sensible de millones de dominicanos: la operadora de telecomunicaciones Claro República Dominicana y una plataforma vinculada al sector de seguridad pública, presuntamente asociada a la Policía Nacional. Una filtración de datos ocurre cuando información confidencial —cédulas, direcciones, números telefónicos, historiales de servicio, expedientes de denuncias— queda expuesta y accesible para terceros no autorizados, ya sea por una vulneración directa de sistemas, un error de configuración o el robo de credenciales. En ambos casos dominicanos, la característica común es que la evidencia proviene de publicaciones hechas por el propio atacante, no de un reconocimiento oficial de las instituciones señaladas. Situación actual: dos incidentes, un mismo patrón El primer caso salió a la luz cuando un usuario identificado como "jarol1488" publicó en un foro de internet que había vulnerado los sistemas de Claro en el país, obteniendo una base de datos con información asociada a 2,889,256 clientes, según reportó N Digital el 13 de septiembre de 2026. La firma de monitoreo Dark Web Informer replicó la alerta ese mismo día, señalando un conjunto de datos de más de 2.8 millones de registros. De acuerdo con la publicación original, los archivos incluirían números de identificación y teléfonos, así como información sobre suscripciones, estado de cuentas, categorías de planes, fechas de activación y ciclos de facturación —coincidiendo con el tipo de datos que la denuncia ciudadana original describía como expuestos (ID, suscripciones, planes, direcciones). El segundo caso, reportado por la firma de ciberseguridad Devel Group el 4 de septiembre de 2026, involucra presuntamente al mismo actor de amenazas. Según su reporte de inteligencia, "jarol1488" afirma haber comprometido la infraestructura de una entidad del sector de seguridad pública y tecnología en el país, extrayendo más de 3.2 millones de registros asociados a expedientes de denuncias, además de más de 2 millones de fotografías codificadas en formato Base64, incluyendo imágenes de documentos de identidad. Es importante subrayar, con la misma transparencia que exige un tema de esta sensibilidad, que ninguna de las dos filtraciones ha sido confirmada de forma independiente. Ni Claro Dominicana ni las autoridades correspondientes habían emitido, hasta el momento de escribir este artículo, un pronunciamiento público sobre lo ocurrido. Tampoco los principales medios locales habían dado seguimiento amplio a la noticia, lo cual —como señala la denuncia ciudadana que motiva este artículo— resulta en sí mismo preocupante, dado que la información ya circula abiertamente en redes sociales. Y aquí es donde entendemos que quedarse solo con la alarma no ayuda a nadie. Por eso, entre las fuentes de este artículo dejamos disponible el link de la plataforma que el equipo de JotaLab habilitó para que cualquier ciudadano pueda, de forma segura y sin exponerse más, verificar si su nombre, cédula u otros datos aparecen entre la información filtrada. Impacto social y económico El riesgo no es abstracto. Si las muestras compartidas por el atacante son auténticas, la exposición combinaría dos tipos de daño: Riesgo de suplantación de identidad y fraude financiero, derivado de la combinación de cédulas, nombres completos, direcciones con coordenadas geográficas, fechas de nacimiento y estado civil —campos que, según el análisis de Devel Group, aparecen en las muestras del caso vinculado a seguridad pública. Riesgo de extorsión y acoso, particularmente grave en el caso de los expedientes de denuncias, que incluirían narrativas detalladas de incidentes con fechas tan recientes como agosto de 2026, personas involucradas, armas asociadas y el estado de las investigaciones. La coincidencia con lo reportado por la denuncia ciudadana —cerca de 10,000 denuncias registradas entre el 5 y el 15 de agosto, abarcando las 32 provincias del país, con casos de robos, agresiones y vehículos— apunta a que se trataría de datos operativos reales del sistema de denuncias, no de un conjunto de prueba. Para el sector privado, un incidente de esta magnitud pone en entredicho la confianza en las plataformas digitales de autogestión (como la app Mi Claro) y en los proveedores de servicios en la nube que almacenan datos de millones de dominicanos. Para el Estado, compromete la credibilidad del sistema de denuncias virtuales, una herramienta que la propia Policía Nacional ha promovido como vía rápida y segura para que los ciudadanos reporten delitos. Casos y hallazgos documentados Claro República Dominicana (septiembre 2026): publicación en foro atribuida a "jarol1488" con datos de 2.89 millones de clientes; incluiría ICCID, números telefónicos, cédulas y datos de planes y facturación. Plataforma de seguridad pública (agosto-septiembre 2026): más de 3.2 millones de expedientes de denuncias y 2 millones de fotografías de documentos, según el reporte de Devel Group, con datos hasta agosto de 2026. Antecedente regional (octubre 2024): Claro Perú enfrentó una acusación similar de filtración; en ese caso, la empresa sí emitió un comunicado público negando la vulneración y aclarando que los registros circulantes no correspondían a su formato ni contenido. La ausencia de un comunicado equivalente por parte de Claro República Dominicana, casi dos años después, marca una diferencia notable en el manejo de crisis. Investigación independiente de JotaLab: el equipo de JotaLab, conformado por dominicanos preocupados por la seguridad digital del país, realizó de manera privada una verificación de la magnitud del incidente vinculado a las denuncias, constatando la existencia de aproximadamente 10,000 registros de denuncias correspondientes al período del 5 al 15 de agosto de 2026, distribuidos en las 32 provincias del país, y habilitó una plataforma para que los ciudadanos puedan verificar si su nombre, cédula u otros datos aparecen entre la información expuesta. Desinformación paralela: en la misma semana, la Policía Nacional desmintió públicamente una lista viral sobre supuestos niños desaparecidos, cuyo origen rastreó hasta Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque no está directamente relacionado con la filtración, el episodio ilustra el clima de desinformación y desconfianza que rodea actualmente a las instituciones de seguridad dominicanas en redes sociales. Retos El primer reto es la falta de confirmación oficial. Sin un pronunciamiento de Claro o de las autoridades, los ciudadanos no tienen una fuente autorizada que les indique si deben tomar medidas, y las empresas que sí manejan datos sensibles quedan sin una alerta formal del regulador. El segundo es normativo. República Dominicana cuenta desde 2013 con la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, que exige a quienes tratan datos —públicos o privados— adoptar medidas técnicas y organizativas de seguridad. Sin embargo, especialistas en derecho digital señalan que esta ley no ha sido actualizada conforme a estándares internacionales más recientes, como el Reglamento General de Protección de Datos europeo, lo que deja vacíos en materia de notificación obligatoria de brechas y sanciones específicas por incidentes de este tipo. El tercer reto es de cultura de ciberseguridad institucional: si los expedientes de denuncias efectivamente circulan con narrativas completas y fotografías de cédulas, esto sugiere fallas en la segmentación de accesos, cifrado de datos sensibles y monitoreo de descargas masivas —exactamente los puntos que Devel Group recomienda auditar de forma prioritaria. Oportunidades y recomendaciones Para los ciudadanos: Cambiar contraseñas de cuentas asociadas al número telefónico o correo registrado con Claro, activando autenticación de dos factores donde sea posible. Evitar compartir capturas de pantalla de supuestos datos filtrados que contengan cédulas o direcciones ajenas, ya que su difusión agrava el daño. Monitorear movimientos bancarios y estar alerta ante intentos de suplantación telefónica ("SIM swapping") o llamadas fraudulentas que usen datos personales reales para ganar credibilidad. Para las empresas y entidades públicas: Adoptar de forma proactiva auditorías de acceso y telemetría, como recomienda el reporte técnico de Devel Group: revisión de sesiones anómalas, conexiones desde rangos de IP sospechosos y descargas masivas fuera de horario laboral. Establecer protocolos claros de comunicación de crisis. El silencio institucional, en un país donde la desconfianza digital ya es alta, tiende a amplificar el pánico y la desinformación más que a contenerlos. Impulsar la actualización de la Ley 172-13 para incorporar la obligación de notificar brechas de seguridad a los afectados y al regulador dentro de plazos definidos, como ya ocurre en otras jurisdicciones. Conclusión Lo que hoy se sabe con certeza es limitado pero significativo: existen publicaciones verificables, atribuidas a un mismo actor, que afirman haber comprometido tanto a Claro República Dominicana como a una plataforma del sector de seguridad pública, con millones de registros de por medio. Lo que no se sabe —si los datos son auténticos, si siguen vigentes, si el acceso continúa activo— depende de una respuesta oficial que, hasta ahora, no ha llegado. En ese vacío, el trabajo de verificación ciudadana independiente, como el realizado por JotaLab, cobra un valor especial: no sustituye a la investigación oficial, pero ofrece a la población dominicana una primera brújula para entender el alcance real del problema y tomar precauciones mientras las autoridades correspondientes se pronuncian. La pregunta de fondo —quién tiene acceso a nuestros datos y qué medidas reales existen para protegerlos— sigue, por ahora, sin respuesta institucional clara.